OPINIÓN / LOURDES MOLINA*
Al tener un impacto directo en la realización de sus derechos y de su bienestar, se esperaría que desde que se empieza a formular, la ciudadanía tuviera a su disposición información sobre el presupuesto.
A medida que avanza el segundo semestre de cada año, los países de la región centroamericana inician una etapa muy importante: la presentación de los presupuestos públicos ante los organismos legislativos para su correspondiente discusión y aprobación. El Salvador no es la excepción, el Ejecutivo tiene hasta el último día del mes de septiembre para presentar el anteproyecto de Ley de Presupuesto General del Estado ante la Asamblea Legislativa, quien posteriormente debe proceder a su análisis, discusión y aprobación.
La ley de presupuesto
La ley del presupuesto es una de las leyes más importantes que se aprueban cada año en los países, en ella se define la forma en la que se utilizarán los recursos públicos, cuántos impuestos espera el gobierno recaudar, qué entidades contarán con más recursos, cuáles experimentarán recortes en sus presupuestos, cuánto se destinará al pago de la deuda pública, es decir el presupuesto permite verificar si la narrativa gubernamental coincide con la forma en la que se utilizarán los recursos públicos el próximo año.
Al tener un impacto directo en la realización de sus derechos y de su bienestar, se esperaría que desde que se empieza a formular, la ciudadanía tuviera a su disposición información sobre el presupuesto, así como acceso a espacios de participación desde los que se pudiera hacer saber a las autoridades las necesidades más sentidas y urgentes a las que el presupuesto debería dar respuesta. Infortunadamente no es así.
El Salvador es el país de la región centroamericana que tiene la menor puntuación en materia de transparencia y rendición de cuentas en las diferentes etapas del ciclo del presupuesto, con una calificación de apenas 41 de 100 puntos posibles, de acuerdo a la edición 2021 de la Encuesta de Presupuesto Abierto elaborada por el International Budget Partnership.. Al mismo tiempo, los resultados de dicha encuesta señalan que nuestro país padece la carencia de espacios para la participación ciudadana en el ciclo presupuestario, con una evaluación en dicho componente de 20 de 100 puntos.
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La participación pública
En sintonía con esa evaluación, y siguiendo con la tradición de prácticas opacas de administraciones anteriores, este año el presupuesto está siendo formulado de espaldas a la población. Esto se evidencia en hechos como que, al mes de agosto, el Ministerio de Hacienda, entidad que ejerce el rol de liderazgo en las decisiones sobre el presupuesto público, ni siquiera ha publicado la política presupuestaria para el 2023. Dicha política es uno de los documentos presupuestarios que debieran publicarse de manera oficiosa para que cualquier persona interesada pudiera consultarla.
La importancia de la política presupuestaria es que en ella se definen los escenarios y las expectativas económicas que las autoridades esperan para el próximo año, lo cual incide directamente en la formulación del presupuesto, en la definición de las prioridades nacionales que se atenderán, la asignación estratégica de los recursos y la identificación de las necesidades de financiamiento del aparato estatal; es decir, la política presupuestaria es la base a partir de la cual se deberían definir las medidas de ingresos, gastos y financiamiento a implementar por el gobierno.
Ojalá pudiéramos ser optimistas sobre que esta tendencia se revertirá una vez el proyecto del presupuesto sea presentado a la Asamblea Legislativa, y que este se debatirá de manera amplia y participativa en el seno de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto para realizar las modificaciones pertinentes. Lamentablemente, desde 2021, esta instancia cerró los espacios de participación en los que representantes de organizaciones de sociedad civil presentaban sus análisis y recomendaciones al proyecto de presupuesto.
2023, el presupuesto
El presupuesto 2023 será determinante para la forma en que nuestro país enfrentará la desaceleración económica nacional e internacional, las presiones inflacionarias y los vencimientos de deuda pública, por lo que no podemos darnos el lujo de que sea aprobado sin ningún debate y sin oportunidades para que la ciudadanía participe.
Especialmente en esta época del año, las y los ciudadanos tenemos la tarea de recordarles a los funcionarios que el presupuesto no le pertenece al presidente, sino a la población salvadoreña, quien con el pago de sus impuestos financia el funcionamiento del Estado, y que por lo tanto es un derecho de la ciudadanía opinar y participar sobre las decisiones de cómo se utilizan sus recurso.
*Lourdes Molina Escalante es economista sénior.
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