OPINIÓN / RICARDO CASTANEDA *
La adopción del bitcoin en El Salvador ejemplifica la política económica de este gobierno: improvisación y mucha, pero mucha, opacidad. Sin estudios técnicos que la respaldaran, sin debate con la sociedad.
Y con la prisa de quien desea que a nivel internacional se hable más de haber sido el primer país en adoptar un criptoactivo financiero altamente especulativo, como moneda de curso legal, que del resquebrajamiento institucional y las violaciones de derechos de la población.
Luego de un año de esta medida, podríamos rápidamente indicar que ha fracasado, pero eso depende bajo que óptica se haga. Porque por ejemplo para quienes desarrollaron la Chivo Wallet, quienes le vendieron los cajeros automáticos al gobierno o para quienes han utilizado todos los charcos institucionales y legales para lavar sus bitcoins en el país, este año ha sido todo un éxito.
Pero lamentablemente, la población, aunque use o no el bitcoin tiene que pagar los costos de este experimento. La Asamblea Legislativa aprobó $225.3 millones [de dólares] para la implementación de la Ley Bitcoin. Luego de un año es escandaloso que nadie sepa cómo se han utilizado esos recursos, porque la opacidad ha sido la norma.
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El bitcoin y la desinformación
El costo de oportunidad para la sociedad ha sido muy alto, porque en un contexto donde todo está más caro, ha aumentado la pobreza extrema y el hambre, ese dinero podría haber servido para comprar más medicinas, mejorar las escuelas o impulsar programas de transferencias para proteger a quienes más lo necesitan. Es decir, ese dinero pudo haber servido para proteger a la gente.
Nadie sabe cuántos bitcoins en realidad se han comprado ni a que costo, pero si por un momento creemos en los tuits del presidente que son la “fuente de información”, el país habría tenido una perdida en el valor de las reservas de más de $60 millones. Con eso bien se podría financiar otro Hospital Rosales, por ejemplo, para dimensionar lo que representa para el país.
Además, por la adopción del bitcoin y todo el debilitamiento institucional, el país tiene ahora muchos más problemas para acceder el financiamiento externo. Por ejemplo, El Salvador ha estado negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un Acuerdo de Servicio Ampliado, que incluye un apoyo financiero potencial de USD 1,300.0 millones, el cual a la fecha no se ha concretado. Además, el perfil de riesgo medido por el Emerging Markets Bonds Index se ha incrementado en más de un 200% desde que se aprobó la Ley Bitcoin, lo cual implica que, si el Gobierno sale al mercado internacional de capitales a colocar sus bonos de deuda soberana tendría que pagar tasas de interés de más de 25%. Un suicidio financiero.
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A un año de la ley
Los impulsores de esta medida hablaban de atracción de inversiones y un aumento muy fuerte del crecimiento económico. En lo concreto El Salvador será este año el país de Centroamérica que menos crecerá y además es el país que en el primer semestre de este año menos inversión extranjera ha atraído.
Quienes decidieron creer y usar bitcoin como moneda de curso legal han vivido en carne propia la volatilidad. No es lo mismo para un inversionista millonario la caída de más del 60% del valor del bitcoin, porque al final siguen siendo millonarios, que para una pequeña empresa o para la gente salvadoreña, que una pérdida de 25 centavos puede hacer la diferencia entre comer o no.
Luego de un año, el balance es claramente negativo, la gente no usa el bitcoin, además lo rechaza, y con sus impuestos tiene que pagar la consecuencia de todo esto. El país se ha complicado para acceder al financiamiento. Por lo que es urgente derogar la Ley Bitcoin y establecer un mecanismo regulatorio para las empresas y personas que, de manera libre y voluntaria, quieran seguir utilizándolo.
En el marco del primer aniversario de la entrada en vigencia de la Ley Bitcoin, el silencio de los funcionarios dice mucho. Pero ya es hora que rindan cuentas a la sociedad y dejen de seguir apostando en el casino virtual con el bienestar de la gente.
* Ricardo Castaneda Ancheta es Economista sénior en el Icefi / @recasta
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