POR FRANK ÁVILA
En América Latina, en 2020, 59.7 millones de personas padecieron hambre y, actualmente, 267 millones de personas presentan inseguridad alimentaria moderada o grave, y 106 millones presentan condiciones de obesidad en adultos, según datos de UNICEF para América Latina y el Caribe.
De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, “la seguridad alimentaria es la situación en la que todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias para desarrollar una vida saludable”.
Contrario a esta conceptualización, hoy día los alimentos son cada vez más caros, en muchas zonas no son variados, se presentan poco nutritivos e incluso perjudiciales para la salud humana.
La Organización Panamericana de la Salud advierte que algunos “países como El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela, que presentaban niveles de inseguridad alimentaria y pobreza elevados antes de la pandemia, afrontan un mayor riesgo de que su situación empeore en los próximos meses como consecuencia de los distintos factores que la pandemia ha agravado”.
Junk Food o comida chatarra
La seguridad alimentaria en América Latina se encuentra en riesgo; en todos los países la canasta básica sube de precio constantemente y las familias tienen menos acceso a ella en términos económicos; en las grandes ciudades las personas optan por adquirir alimentos en los supermercados que en su mayoría son ultraprocesados, que son básicamente los alimentos con envoltura o envasados.
Estos son conocidos como junk food (alimento chatarra), y de acuerdo con amplios estudios médicos, el consumo cotidiano de alimentos ultraprocesados provoca sobrepeso y obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, colesterol alto e inclusive cáncer.
World Health Organization refiere que en Lationamérica, 1 de cada 4 adultos vive con obesidad. En cuanto a la población infantil en los últimos 20 años el sobrepeso ha ido en aumento y está por arriba del promedio mundial. Estos dos graves problemas provocan reducción de productividad, aumento de enfermedades, discapacidad y mortalidad prematura.
Un panorama inconveniente
La pandemia de Covid-19 que aún no termina, ha dejado más de un millón de muertes en Latinoamérica, según CNN Español. Además de esto, ha provocado el cierre de fuentes de trabajo, despidos y disminución en ventas, entre otras, golpeando la economía de la mayoría de las familias.
Se estima que ha habido un incremento en la condición de pobreza en Latinoamérica de hasta 45 millones de personas en los últimos dos años de pandemia, afectando de manera directa la alimentación de calidad que las familias pudieran tener, apunta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Ya en 2019, 1 de cada 3 habitantes no tenía oportunidad de hacerse de alimentos saludables y suficientes a causa de la condición de pobreza alimentaria y en el 2020 hasta un 14 por ciento de la población, esto es, 92.8 millones de personas se habían quedado sin alimentos o pasado un día o más sin comer (inseguridad alimentaria grave).
De manera adicional, la inseguridad alimentaria afecta de manera distinta a hombres y mujeres. Aún en una misma familia las condiciones son distintas: una mujer-madre de familia otorga los alimentos en raciones más abundantes al padre de familia e hijos, y ella se queda con una porción más pequeña.
UNICEF documentó que en el año 2020, “el 41,8 por ciento de las mujeres de la región experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave, en comparación con el 32,2 por ciento de los hombres”.
Un enfoque multidimensional
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a fin de atender la seguridad alimentaria, promueve un enfoque que considera además de la oferta de alimentos, la demanda, considerando el estado nutricional de la población.
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El enfoque multidimensional de atención que propone el BID considera cuatro dimensiones:
1. La disponibilidad que la población pueda tener de alimentos en términos de oferta, tanto a nivel local como nacional, ya sea través de la autosuficiencia alimentaria en una nación o recurriendo a las importaciones de diversos alimentos.
2. Acceso, siendo la capacidad financiera para la adquisición de alimentos, siembra de productos agrícolas o cría de animales para el autoconsumo. El BID propone intervenciones directas de los gobiernos a fin de coadyuvar en la generación de empleos y/o dispensaciones económicas a las familias que les permitan contar con hortalizas, granjas o negocios familiares.
3. La utilización, entendiendo por ello que los alimentos que se ofrecen al público o se generan para el autoconsumo permitan un adecuado estado nutricional, que no sean ultraprocesados y coadyuven a una vida sana. El BID recomienda mejorar y difundir dietas saludables, equilibradas y accesibles para reducir la obesidad y los riesgos que conlleva, mejorando los hábitos alimenticios.
4. La estabilidad, que es la presencia de alimentos variados, enteros, nutritivos, frescos, naturales y a la mano de la población de manera constante y en cantidades adecuadas, proveyendo de todos los nutrientes necesarios que las personas requieren en toda la gama de edades. Es necesario proteger los sistemas alimentarios del cambio climático y manejar la inflación monetaria.
El gran reto
Garantizar la seguridad alimentaria es un tema focal en la conservación de nuestra especie, por ello el enfoque del BID considera la confluencia de varios factores como lo son la producción agrícola, los sistemas comerciales de venta de alimentos, el sector salud, el acceso al agua y saneamiento, los programas sociales de un gobierno, la generación de empleos entre otros.
El hacer caso omiso de las estadísticas en la región que manifiestan un aumento en la inseguridad alimentaria moderada o grave, así como de las propuestas de acción para revertirla, es desatender las señales de la tormenta que se avecina. Si bien las condiciones actuales son complicadas, las propuestas de cambio posibles se encuentran en la mesa.
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