- El escenario que conocemos del Caso Beatriz es: la pelea de si se le debe otorgar o no a la mujer el derecho a abortar ¿Cuál es el trasfondo de este caso?
El caso Beatriz tiene enormes irregularidades y aún así, puede tener consecuencias nefastas para los derechos humanos en todo el continente, poniendo en riesgo el derecho a la vida de los niños por nacer. En especial, de las personas con discapacidad, de las mujeres en situación de vulnerabilidad, pero también a las soberanías y democracias de toda la Región.
El caso, se convirtió mediáticamente en un emblema de la legalización del aborto, impulsado por poderosas organizaciones abortistas. Las noticias enfatizan que Beatriz murió a causa de que El Salvador le negara su derecho a un aborto terapéutico. Pero la realidad, que salió a la luz durante la audiencia, es totalmente distinta. Beatriz murió 4 años y 4 meses después de tener a su bebe a quien llamó Leilani Beatriz.
Las organizaciones abortistas violando su derecho a la privacidad filtraron su expediente médico. Se acercaron a ella con engaños y la atemorizaron contándole una serie de mentiras como:
Que su pequeña, que padecía anencefalia ya no tenía vida y que si continuaba con su embarazo, iba a morir y dejar huérfano a su primer hijo etc. Solicitaron en su nombre la interrupción del embarazo primero ante el Estado de El Salvador y luego, ante la Corte IDH.
En ambas instancias, tras el análisis de los profesionales médicos que aseguraban que la vida de Beatriz no estaba en riesgo, el pedido fue denegado. Beatriz tuvo a su hija por cesárea. La pequeña Leilani estuvo en sus brazos, falleció horas después por su enfermedad. Fue enterrada y su mamá le llevó flores hasta el día que murió en el fatal accidente. Un mes antes de fallecer, el caso llegó nuevamente a la Corte IDH, impulsado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la industria abortista. Esa es la historia real que los medios, los grupos abortistas e incluso la CIDH callan.
Ahora bien, cuando uno lee la presentación del caso de la CIDH, parece que poco importa el proyecto de vida de Beatriz.
Ella quería tener a su hija, las irregularidades, las mentiras de que moriría, el trauma que le causaron durante su embarazo o ni siquiera el hecho de que ella no murió por no haber accedido a un aborto. La realidad fue que murió por un accidente. Mucho menos la vida de la pequeña Leilani, mujer, niña, en situación de pobreza y con discapacidad. Su unico y verdadero interes es que se reconozca el derecho al aborto, que poco o nada tiene que ver con lo que sucedió.
En realidad estamos ante una demanda política e ideológica. Está movilizada por los millones de dólares que gana la industria de los llamados “derechos sexuales y reproductivos”. De hecho, este caso puede evidenciar que la legitimidad del Sistema está en cuestión por la opacidad en su financiamiento por parte de este tipo de organizaciones, empresas y países ajenos al sistema que pretenden manipularlo para imponer su agenda. Es un enorme conflicto de intereses al que la Corte IDH se está enfrentando.
Hay, entonces, detrás, un gran negocio. Pero también hay un problema institucional.
Una sentencia que favorezca esta creciente industria de laboratorios y proveedores de servicios de aborto, implicaría además, deslegitimar aún más a la CIDH y a la Corte Interamericana, ya que es posible que esta última, en su sentencia, vaya contra la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Convención es el fundamento mismo de su existencia y en su artículo 4°, defiende explícitamente el derecho a la vida “a partir del momento de la concepción”. Una sentencia que la contradiga provocaría sin dudas una implosión de todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Hay, por último, millones de vidas en riesgo. En los países donde el aborto legal no solo se incrementa exponencialmente la cantidad de niños víctimas del aborto, principalmente en situación de pobreza o discapacidad, sino que también las madres, especialmente las más pobres, son inducidas a abortar. Hay testimonios de madres estremecedores en Argentina, donde por su condición social, al llegar al hospital, se les ofrece únicamente el aborto. Para ellas no hay opción. Ni derecho a la maternidad.
Y también hay en el fondo un gran problema institucional y político.
- La Corte IDH está pronto a anunciar la resolución final ¿Qué se espera? ¿Cómo repercute a nivel local -El Salvador- y a nivel regional?
La Corte puede determinar la legalización del aborto en todo el continente. Considerando que es tan claro que es un caso manipulado para legalizar el aborto. Ya el hecho de que la Corte haya aceptado el caso es una alerta roja. Todo depende de la redacción de la sentencia. Lo lógico sería que, como Beatriz falleció por un accidente años después de perder a su bebé Leilani y no hay pruebas de que la negativa que se le practicara un aborto afectara su salud, el Estado de El Salvador sea declarado inocente.
Pero hoy la Corte parece más una ong activista que un tribunal. Y en base a otras sentencias que ha emitido en otros casos y al pedido de la CIDH, los riesgos son enormes. Puede pedir la modificación de la Constitución de El Salvador. Puede ordenar una ampliación de causales de aborto lo cual desprotegería a los niños por nacer más vulnerables. Por ejemplo, en casos de discapacidad, reconocer el aborto como derecho humano, despenalizarlo, o hasta acusar al Estado y los médicos que atendieron a Beatriz y a Leilani, por tortura. Un absurdo total, porque un tribunal se estaría arrogando funciones legislativas que no tiene, atentando contra el orden republicano y democrático. Sólo las asambleas legislativas pueden legislar.
Pero aún hay más. Hay una doctrina, cada vez más desmedida, de “control de convencionalidad”, que siguen la mayoría de los jueces del sistema, por la cual todo lo que dice la corte en sus sentencias se convierte en norma para todos los países que integran la OEA.
Es decir que, en el caso de que la sentencia afirme que la penalización del aborto iria directamente contra la Convención. A partir de entonces todas las constituciones y leyes de los países del SIDH deberían adecuarse a esta nueva interpretación. Aunque la Convención diga, como vimos, explícitamente lo contrario. Y los Estados nacionales no han buscado aún herramientas para detener esta amenaza. Sería como un tribunal supremo continental que nadie controla y que puede imponer sus dogmas. Subordinada al mejor postor o a grupos de poder fuera de control, destruyendo asi la democracia.
Ya lo están advirtiendo cada vez con más fuerza y preocupación Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica. Javier Milei, desde antes de asumir la presidencia de Argentina y más de trescientos legisladores nacionales de los países miembro.
- ¿La decisión de El Salvador violentó la integridad y derechos de Beatriz?
El Estado hizo todo lo posible para proteger a Beatriz y a su hija Leilani. La junta médica determinó que, con el tratamiento adecuado, la vida de la madre no estaba en riesgo. La misma Corte IDH, en el 2013 levantó las medidas provisionales emitidas, reconociendo que El Salvador habría cumplido con su obligación de asegurar la vida de Beatriz y no existían pruebas de que la existencia de un inminente riesgo a su vida. Y eso quedó demostrado. Se le dió ese tratamiento. La pequeña nació y falleció por su enfermedad al poco tiempo. Las mentiras de que Beatriz moriría si seguía con su embarazo se desvanecieron por los hechos. Beatriz vivió varios años más.
Lo realmente cruel e inhumano fue el sufrimiento terrible que le causaron las organizaciones abortistas al manipularla para que pida abortar. Beatriz no sólo sufrió por la situación de su salud y la de su hija, sino mucho más, por el temor infundado de que moriría y que dejaría huérfano a su primer hijo. Y aun siguen violentando su memoria.
- El caso se convirtió en un emblema de la “lucha por los derechos reproductivos”. ¿Cómo convertirlo en un emblema para el rescate y derecho a la vida?
Beatriz y Leilani fueron dos mujeres en situación de vulnerabilidad, pero también fueron víctimas de una industria perversa que se disfraza de defensoras de los derechos humanos para imponer su negocio. Nunca fue tan evidente. Hay que empezar contacto la verdad, rescatando su memoria, defendiendo el derecho a la vida de todos, especialmente los más vulnerables. Y cuidando a las madres, a la maternidad. El aborto es un fracaso social. Y defender las dos vidas es un deber de todos, del estado y de la sociedad.
El fallo, de ser favorable a la causa abortista, representa una amenaza para millones de mujeres y niños por nacer del continente, ya que la Corte IDH es parte de la Organización de Estados Americanos, y los países miembros firmaron la Convención Americana de Derechos Humanos, en la cual aceptaron sujetarse a la jurisdicción de la Corte, por eso ésta tiene poder sobre los países que la conforman. Vale aclarar que la firma del tratado hablaba sobre el respeto a la vida, y la nueva composición de la Corte, con jueces favorables al aborto, busca cambiar aquello que los países acordaron firmar inicialmente, violentando asi lo pactado.
También, un fallo de esta magnitud implicaría un avasallamiento a la soberanía y la democracia de los estados miembros, ya que un grupo de jueces que nadie voto, tendrá la potestad de decidir sobre la legislación vigente sobre la protección de la vida de millones de seres humanos del continente, además de sobrepasar las facultades de un organismo judicial, tomando competencias que corresponden al poder legislativo de cada país, conformado por diputados y senadores elegidos por el pueblo.
En el caso de El Salvador, implicaría otra presión extra de organismos supranacionales sobre el país, presidido por Nayib Bukele, quien es apuntado por su lucha contra el crimen organizado, los maras, que tuvieron en vilo al país durante décadas hasta su llegada al poder. Hace poco más de 5 años, El Salvador era el país más violento del planeta.
Cabe resaltar que, aún en caso de darse un fallo favorable a la causa verde, el caso se está convirtiendo en un emblema en la lucha por la defensa de la vida. Debido al trabajo conjunto y desinteresado de decenas de organizaciones de todo el continente, entre las que se destacan. GCHR (Global Center for Human Rights), Estamos Unidos por la Vida, Mesa de Diálogo y Representación Cristiana.
También Parlamento & Fe, Dignidad, Frente Joven, Nazer, Asociación la Familia Importa (AFI), Unidos X La Vida, Frente Nacional por la Vida, Alianza Evangélica Latina y Conciudadanos.
Además, cientos de diputados y senadores de todo el continente, además de diplomáticos y hasta presidentes han reafirmado su compromiso con la defensa de la vida en sus respectivos países en línea con el pensamiento de la mayoría de la población latinoamericana.
Muchos países, viendo violado el Pacto de San José, podrían abandonar el tratado. Siendo su ejemplo más reciente el Presidente de Costa Rica, quien afirmó que su país no tendrá otra opción más que salirse del tratado.
Neydy Casillas
Es una abogada mexicana que actualmente se desempeña como vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Centro Global de Derechos Humanos, con el objetivo de combatir la injerencia indebida de estos organismos en las leyes nacionales. Con más de 15 años de experiencia, Casillas ha participado activamente en el trabajo de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Su experiencia se centra en la defensa de los derechos humanos fundamentales. Su experiencia desafia el uso indebido del derecho internacional que busca socavar la soberanía y la democracia.
Ha representado a México en varias ocasiones como parte de la delegación para la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. De igual modo en la Comisión de Población y Desarrollo en las Naciones Unidas. También asesora a varias delegaciones de la Organización de los Estados Americanos. Es miembro fundador del Comité Nacional sobre libertad Religiosa de Estados Unidos. En su papel actual, Casillas actúa como consejera en derecho internacional para legisladores y políticos latinoamericanos. De este modo asegurando la correcta comprensión y aplicación del derecho internacional en la región. Especializada en derechos humanos internacionales y derecho internacional, ha estado involucrada en varios casos significativos en toda América Latina.
Casillas ha intervenido y elaborado presentaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizando contribuciones sustanciales para la defensa para las libertades
fundamentales.
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