La Superintendencia de Competencia (SiCom) tiene hasta el 9 de diciembre de 2026 para preparar la estructura técnica y administrativa que le permitirá ejercer plenamente las facultades establecidas en la Ley de Competencia. A menos de dos meses de esa fecha, la contratación de especialistas, la aprobación de procedimientos y la ejecución presupuestaria figuran entre los principales desafíos de la institución.
Carlos Federico Ortiz Ortiz, quien asumió como superintendente el 9 de octubre, señaló que su prioridad es contar con personal capacitado, procedimientos documentados y herramientas administrativas que permitan recibir denuncias, investigar posibles prácticas anticompetitivas y examinar concentraciones económicas, como fusiones y adquisiciones empresariales.
La segunda fase de la Ley de Competencia, contenida en el Decreto 32-2024, entrará en vigor el 9 de diciembre. A partir de esa fecha, la SiCom deberá ejercer las atribuciones previstas en la normativa para investigar y sancionar conductas que restrinjan la competencia, así como evaluar operaciones de concentración económica.
La preparación de la institución ocurre después de meses de incertidumbre en su dirección. Ortiz fue electo el 9 de octubre, tras la renuncia de su antecesor, Jorge Miguel Castillo Castro, en marzo de este año.
La estructura técnica, uno de los principales pendientes
La capacidad de investigar mercados depende de contar con profesionales que puedan examinar conductas empresariales desde una perspectiva jurídica y económica. Ortiz indicó que priorizará la contratación de abogados y economistas especializados en derecho de la competencia, organización industrial y análisis de mercados, además de personal administrativo.
La estructura de la SiCom contempla áreas especializadas en investigación, promoción de la competencia y estudios económicos. Sin embargo, durante una citación legislativa realizada el 12 de octubre, se señaló que todavía no estaban nombrados los titulares de esas tres intendencias sustantivas. La Intendencia de Gestión Administrativa y Financiera sí contaba con un responsable.
La información disponible en esa fecha también daba cuenta de puestos administrativos pendientes de contratación. Para establecer cuánto ha avanzado la institución desde entonces, es necesario conocer el número de plazas autorizadas, las ocupadas y las vacantes, así como los perfiles técnicos que ya se incorporaron.
El superintendente ha asegurado que la institución estará preparada para la entrada en vigor de la ley. Esa previsión deberá contrastarse con la integración efectiva de los equipos que tendrán a su cargo los expedientes y las decisiones técnicas.
Presupuesto y procedimientos, claves para operar
La ejecución presupuestaria constituye otro indicador de preparación, hasta el 12 de octubre reportó una baja ejecución de los recursos asignados a la SiCom y señaló que buena parte del gasto se había destinado al pago de personal.
Ortiz también identificó la necesidad de habilitar una sede, adquirir equipo y contratar especialistas. La información pública consultada no permite establecer con suficiente certeza cuánto presupuesto se ha ejecutado a la fecha, cuánto queda disponible ni qué proporción se destinará a fortalecer las áreas técnicas.
La institución debe definir, además, los procedimientos para recibir y tramitar denuncias, desarrollar investigaciones, analizar concentraciones económicas y realizar acciones de promoción de la competencia. Estos instrumentos deben establecer responsabilidades, plazos y criterios para que las empresas y los denunciantes conozcan cómo se aplicará la normativa.
El estado de aprobación de los reglamentos, manuales y protocolos debe comprobarse con las resoluciones y documentos institucionales correspondientes. Los anuncios sobre su elaboración no equivalen a su aprobación ni a su implementación.
Denuncias, investigaciones y concentraciones empresariales
La entrada en vigor de la fase sustantiva de la ley permitirá activar los procedimientos previstos para investigar posibles acuerdos entre competidores, abusos de posición dominante y otras prácticas que puedan restringir la competencia.
La SiCom también tendrá atribuciones relacionadas con las concentraciones económicas, incluidas operaciones empresariales que deban someterse al control establecido por la legislación. Para las compañías, conocer los requisitos, los plazos y los criterios de evaluación será importante al planificar fusiones y adquisiciones.
El funcionamiento de estos mecanismos dependerá de que la autoridad cuente con equipos técnicos, procedimientos definidos y acceso a información económica confiable. Ortiz anunció que buscará formalizar convenios de cooperación con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Banco de Guatemala, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Economía.
La coordinación permitiría facilitar el acceso a datos relevantes para estudiar mercados y evaluar posibles conductas anticompetitivas. No obstante, el alcance de los convenios, su estado de formalización y los mecanismos concretos para compartir información deben verificarse documentalmente.
Confidencialidad e independencia en las investigaciones
Otro de los desafíos será proteger la información comercial que las empresas entreguen durante los procedimientos. Los expedientes de competencia pueden contener datos sensibles sobre precios, costos, estrategias comerciales, clientes y operaciones, por lo que su manejo requiere controles de acceso y reglas claras de confidencialidad.
Ortiz señaló que la institución deberá establecer medidas para resguardar esos datos y prevenir conflictos de interés. La aplicación de estas garantías será relevante tanto para las compañías investigadas como para quienes presenten denuncias.
La independencia técnica también será determinante. Las decisiones deberán sustentarse en evidencia económica y jurídica, respetar el debido proceso y ajustarse a las competencias que la ley confiere a la Superintendencia.
Qué falta comprobar antes del 9 de diciembre
La preparación de la SiCom no puede medirse únicamente por la instalación de oficinas o el nombramiento de su titular. Para determinar si estará en condiciones de ejercer sus atribuciones, es necesario verificar cuántas plazas técnicas están ocupadas, qué presupuesto se ha ejecutado, qué manuales y reglamentos están aprobados y cómo funcionarán los canales de recepción de denuncias.
También debe establecerse si existen protocolos vigentes para investigar posibles prácticas anticompetitivas, evaluar concentraciones económicas y proteger información confidencial.
La entrada en vigor de la ley está prevista para el 9 de diciembre de 2026. La capacidad de la SiCom para aplicar sus disposiciones dependerá de los avances institucionales que pueda acreditar antes de esa fecha y de los recursos técnicos y administrativos con los que cuente para resolver los casos que reciba.