La inversión pública enfrenta un nuevo cuello de botella administrativo: 1,513 proyectos registrados para 2026 todavía no han completado las etapas necesarias para avanzar hacia su ejecución, según el balance presentado por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) previo a la cuarta reunión ordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur).
Del total, 1,358 proyectos todavía tienen requisitos pendientes, mientras que otros 155 esperan la opinión técnica que les permita continuar con el proceso. En contraste, 6,788 proyectos ya aparecen con estado aprobado, equivalentes al 81.7% del total registrado en el balance presentado esta semana.
El dato adquiere relevancia porque la aprobación administrativa es una de las etapas previas a que los recursos puedan convertirse en obras. En el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPGT), los proyectos deben completar requisitos técnicos y legales antes de avanzar hacia los convenios y la ejecución.
La propia Segeplan había identificado desde junio obstáculos relacionados con avales de los entes rectores, derechos de propiedad, estudios de impacto ambiental, análisis de riesgo y atención a personas con discapacidad, entre otros requisitos. En aquella fecha, la institución contabilizaba 3,115 proyectos con algún requisito pendiente dentro del sistema.
El problema no es solamente aprobar proyectos
El comportamiento de los expedientes muestra que el desafío de la inversión pública no termina cuando una obra es incorporada al sistema.
En mayo, Segeplan reportó 9,946 proyectos registrados en el SNIPGT y 4,692 con estado aprobado, con una inversión asociada de Q7,144 millones. Para junio, el registro había aumentado a 10,392 proyectos y 5,450 aprobados, mientras todavía quedaban miles de expedientes en proceso de conformación.
El avance administrativo de los últimos meses redujo esa brecha, pero el nuevo balance muestra que 1,513 proyectos todavía están atrapados entre la documentación pendiente y la evaluación técnica.
El presidente Bernardo Arévalo ya había planteado en junio que la inversión pública debía avanzar mediante proyectos técnicamente formulados y ejecutables. En esa reunión, Segeplan explicó que buena parte de las iniciativas correspondía a transporte, educación, agua y saneamiento y salud.
Agua, educación y carreteras concentran buena parte de la inversión
Los registros de Segeplan muestran que la inversión de los Consejos de Desarrollo no se concentra en un solo tipo de infraestructura. En junio, de los proyectos registrados, 2,835 correspondían a transporte, 1,099 a educación y 1,221 a agua y saneamiento, mientras que 228 estaban relacionados con salud y asistencia social.
La importancia de completar los expedientes también está relacionada con los plazos presupuestarios. Para 2027, el Conadur ya conoce una propuesta preliminar de inversión a través del Sistema de Consejos de Desarrollo por Q4,453 millones para unas 2,587 obras, según la SCEP.
Además, en junio el Conadur conoció los montos máximos definitivos de preinversión e inversión pública para 2027 provenientes del proyecto de presupuesto, por Q4,985.4 millones. Esto coloca a los proyectos que todavía no completan sus trámites en un punto relevante para la programación de la inversión del próximo ejercicio.
El plazo llega a septiembre
El calendario aprobado por el Conadur amplió los plazos para permitir que los proyectos completen su documentación y puedan avanzar en el proceso. La programación establecida en junio contemplaba que las municipalidades pudieran suscribir los convenios para ejecutar los proyectos hasta el 30 de septiembre. La ampliación respondió precisamente a la cantidad de expedientes que todavía tenían requisitos pendientes.
La reunión ordinaria del Conadur está prevista para este viernes 11 de septiembre, con participación del presidente Bernardo Arévalo y representantes de los distintos sectores que integran el consejo. Entre los asuntos previstos está el seguimiento a la inversión pública y la propuesta de distribución de recursos para 2027.
La discusión llega así con una cifra concreta sobre la mesa: 1,513 proyectos todavía requieren completar parte del proceso administrativo antes de convertirse en obras ejecutables.
El reto para las instituciones involucradas será determinar cuáles pueden completar los requisitos dentro del plazo, cuáles quedarán fuera del ejercicio 2026 y qué iniciativas podrían trasladarse a la programación de inversión de 2027.
Una herramienta para seguir el dinero y las obras
La información del SNIPGT permite consultar proyectos individualmente, incluyendo su ubicación, entidad responsable, monto y estado. La plataforma de transparencia de la Comisión Nacional contra la Corrupción integra información del SNIPGT y de Guatecompras para facilitar el seguimiento de los proyectos financiados mediante los Consejos Departamentales de Desarrollo.
Ese seguimiento resulta especialmente relevante porque proyecto aprobado no equivale a obra ejecutada. Los registros actuales muestran, por ejemplo, diferencias importantes entre los montos vigentes y los montos efectivamente ejecutados en distintos departamentos.
La discusión sobre los 1,513 expedientes, por tanto, no se limita al cumplimiento de trámites. También determina qué parte de la inversión pública presupuestada puede avanzar desde el papel hacia la contratación y ejecución de infraestructura.
