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Presupuesto 2027 destinaría casi Q45 mil millones al pago de salarios públicos

por Jenniffer Marroquín
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salarios públicos en Guatemala

El monto reportado para remuneraciones representaría alrededor del 23.4% del proyecto presupuestario de Q192,045.1 millones. El detalle por institución, renglón de gasto y tipo de contratación es clave para establecer cuánto corresponde a plazas actuales y cuánto a nuevas obligaciones salariales.

El gasto en remuneraciones del sector público incluido en el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027 se acercaría a Q45,000 millones, según la cifra reportada sobre la propuesta del Ejecutivo.

El proyecto presupuestario asciende a Q192,045.1 millones, por lo que el monto destinado a salarios representaría aproximadamente el 23.4% del gasto total planteado para el próximo año.

La propuesta fue presentada por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) al Congreso de la República el 2 de septiembre, mediante la iniciativa 6841. El documento todavía está sujeto al análisis y a las posibles modificaciones que realice el Legislativo antes de su aprobación.

La cifra de remuneraciones permite dimensionar el peso de la nómina estatal dentro de las finanzas públicas, pero para establecer su composición es necesario revisar los renglones presupuestarios y las asignaciones de cada institución.

El detalle de las remuneraciones

El gasto en personal del Estado se distribuye en diferentes renglones presupuestarios. Entre ellos se encuentran los sueldos de empleados permanentes, el personal temporal, los jornales, los complementos salariales y otras prestaciones vinculadas con las relaciones laborales.

Por esa razón, el monto global no equivale exclusivamente al pago de salarios base ni permite determinar cuántos trabajadores están contemplados en el presupuesto.

El desglose por institución y renglón permitirá identificar qué entidades concentran las mayores asignaciones, cuánto corresponde a puestos permanentes y temporales y qué recursos se prevén para nuevas contrataciones o compromisos salariales.

También será necesario establecer qué parte del incremento responde a obligaciones ya existentes, como pactos colectivos, ajustes salariales y prestaciones, y qué parte corresponde a la ampliación de las plantillas institucionales.

El presupuesto crece 13.8%

La propuesta de Q192,045.1 millones supera en Q23,255.3 millones el presupuesto de Q168,789.8 millones contemplado para 2026. El incremento equivale a 13.8%.

Entre las principales asignaciones institucionales figuran Q27,898 millones para el Ministerio de Educación, Q18,615.5 millones para Salud y Q10,490 millones para Gobernación.

El proyecto también contempla Q38,577.3 millones para inversión y Q128,866.7 millones para funcionamiento, según el desglose presentado por el Congreso. El servicio de la deuda pública representa otros Q24,601.1 millones.

Estas categorías permiten observar la distribución general del gasto, pero no sustituyen el análisis específico de las remuneraciones. Para conocer cuánto margen presupuestario queda para ampliar la inversión pública, es necesario examinar también las obligaciones de funcionamiento y las asignaciones que no pueden modificarse fácilmente.

Congreso analiza la propuesta

La iniciativa 6841 fue trasladada a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, que realizó audiencias con las instituciones para revisar sus necesidades presupuestarias, niveles de ejecución y resultados.

La comisión ha señalado que las entidades deben justificar los recursos solicitados y explicar qué resultados adicionales esperan alcanzar con los incrementos presupuestarios.

El Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar el presupuesto que regirá en 2027. Si no lo hace dentro del plazo constitucional, continuará vigente el presupuesto del ejercicio anterior.

La discusión sobre las remuneraciones requiere conocer el desglose institucional, la evolución de la nómina y la diferencia entre los recursos destinados a plazas existentes y nuevas contrataciones. También está pendiente establecer cuánto del gasto proyectado corresponde a obligaciones salariales y cuánto podría modificarse durante el trámite legislativo.

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