El Observatorio del Presupuesto cuestiona la sostenibilidad financiera del proyecto, la capacidad de ejecución institucional y los resultados del gasto. Finanzas defiende la propuesta, que asciende a Q192,045.1 millones y destina 15.1% del presupuesto a inversión.
El proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027 enfrenta cuestionamientos sobre el crecimiento del gasto, el financiamiento mediante deuda y la capacidad de las instituciones para convertir los recursos asignados en obras y servicios. El análisis divulgado este 12 de octubre por el Observatorio del Presupuesto, plataforma creada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), plantea dudas sobre esos tres aspectos.
La propuesta del Ejecutivo asciende a Q192,045.1 millones, un aumento de Q23,255.3 millones respecto del presupuesto de 2026. Para financiarla, contempla alrededor de Q45 mil millones en endeudamiento, mientras que el servicio de la deuda pública suma Q24,601.1 millones. El proyecto se encuentra en discusión en el Congreso, que tiene hasta el 30 de noviembre para aprobarlo.
Sigfrido Lee, coordinador del Observatorio y director de la Unidad Económica del CACIF, señaló que el aumento del endeudamiento requiere examinar si el Estado podrá sostener el financiamiento y ejecutar los recursos previstos. El observatorio también cuestiona si el crecimiento del gasto se traducirá en una ampliación efectiva de los servicios públicos.
Solo 30% de la deuda se destinaría a inversión
Uno de los principales cuestionamientos del observatorio se refiere al destino del financiamiento. Según el análisis de Lee, del endeudamiento previsto para 2027, 52% se destinaría a gastos de funcionamiento, 18% al servicio de la deuda y 30% a inversión. Para 2026, la proporción del endeudamiento destinada a inversión se estimaba en 40%, de acuerdo con la comparación presentada por la entidad.
Estos porcentajes se refieren a la distribución del endeudamiento, no a la composición del presupuesto completo. La distinción es importante porque el proyecto también contempla ingresos tributarios y otras fuentes de financiamiento.
En el presupuesto total, el proyecto asigna Q128,866.7 millones a funcionamiento, Q38,577.3 millones a inversión y Q24,601.1 millones al servicio de la deuda pública. La inversión representa aproximadamente 20.1% del gasto total, mientras que el servicio de la deuda equivale a cerca de 12.8%.
El servicio de la deuda incluye los recursos necesarios para atender las obligaciones financieras del Estado. Su aumento reduce el margen presupuestario disponible para otras prioridades, aunque el efecto concreto depende de los ingresos que se recauden, las condiciones del financiamiento y la ejecución de cada rubro.
Finanzas defiende la viabilidad del proyecto
Ante la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, el viceministro de Finanzas, Walter Figueroa, y el entonces titular de la cartera, Jonathan Menkos, defendieron la viabilidad del proyecto durante una sesión del 6 de octubre. Según la información publicada por el Legislativo, el Ejecutivo estima que el crecimiento económico de Guatemala superará el 4% en 2027 y que la carga tributaria rondará el 14% del producto interno bruto (PIB).
Finanzas indicó que el presupuesto equivale aproximadamente al 17% del PIB y que 14.9 puntos porcentuales corresponden a funcionamiento y 2.2 puntos a inversión pública. En la composición del gasto total, el Gobierno calcula que 67% se destinará a funcionamiento, 15.1% a inversión y el resto al servicio de la deuda.
El Ejecutivo también sostiene que la propuesta busca fortalecer la recaudación tributaria, mejorar la calidad del gasto y financiar prioridades en educación, salud, seguridad, infraestructura y protección social.
La discusión, por tanto, enfrenta dos planteamientos: el Gobierno sostiene que los ingresos previstos y el crecimiento económico permitirán financiar el presupuesto, mientras el observatorio pide examinar si el endeudamiento y la distribución del gasto son sostenibles y si las instituciones podrán ejecutar los recursos de manera efectiva.
El crecimiento de los ingresos será determinante
El proyecto contempla ingresos tributarios estimados en Q131,635.9 millones. La recaudación efectiva será uno de los factores determinantes para financiar el gasto y evitar que una diferencia entre los ingresos previstos y los obtenidos presione las necesidades de financiamiento.
El Observatorio también cuestiona el déficit fiscal proyectado de 4.4% del PIB y pide revisar los supuestos económicos utilizados para formular el presupuesto. Lee señaló que algunas estimaciones se elaboraron entre mayo y junio de 2026, antes de que se observaran factores como la evolución de los precios de los combustibles, la desaceleración del crecimiento de las remesas y los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.
El Banguat y el Minfin han defendido ante el Congreso la viabilidad macroeconómica del proyecto. Sin embargo, la evolución de la recaudación, el crecimiento económico y las condiciones externas durante los próximos meses serán relevantes para evaluar si se cumplen las proyecciones que respaldan el presupuesto.
La ejecución institucional también entra en la discusión
La tercera preocupación del observatorio se refiere a la capacidad de las entidades públicas para ejecutar los recursos y demostrar resultados. Una asignación presupuestaria no garantiza por sí misma que una obra se construya o que un servicio llegue a la población: también depende de la planificación, la contratación, la disponibilidad de proyectos y el avance de los procesos administrativos.
La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda inició en octubre las audiencias para escuchar a las instituciones y revisar sus solicitudes. En las primeras sesiones, los ministerios de Desarrollo Social y Educación presentaron sus proyecciones presupuestarias; posteriormente comparecieron autoridades de Gobernación, el Organismo Judicial y Defensa. El calendario contempla la revisión de otras entidades y organizaciones que reciben fondos públicos.
El análisis de ejecución deberá contrastar las asignaciones propuestas para 2027 con los recursos vigentes y devengados de 2026, especialmente en instituciones con presupuestos relevantes para la inversión pública, como Comunicaciones, Salud y Educación. También será necesario distinguir entre gasto de funcionamiento e inversión física, ya que tienen procesos y resultados diferentes.
La propuesta todavía puede sufrir modificaciones durante la discusión legislativa. La Comisión de Finanzas debe analizar las asignaciones, las proyecciones de ingresos y las necesidades de cada institución antes de emitir su dictamen. El Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar, modificar o improbar el proyecto.
El debate sobre el Presupuesto 2027 se concentra así en tres cuestiones verificables: de dónde provendrán los recursos, qué parte se convertirá en inversión y si las instituciones podrán ejecutarlos dentro del próximo ejercicio fiscal.
