La carrera por la Contraloría General de Cuentas entra en una nueva etapa. Con la integración de la Comisión de Postulación, el proceso deja atrás la selección de sus integrantes y comienza la fase en la que se definirán las reglas para evaluar a quienes aspiran a dirigir la institución encargada de fiscalizar el uso de los recursos públicos.
El Congreso de la República convocó el 2 de junio, mediante el Acuerdo Legislativo 16-2026, a la integración de la comisión que deberá elaborar una nómina de seis candidatos para el período 2026-2030. El Legislativo será el encargado de escoger al próximo Contralor entre esos seis nombres.
La comisión está presidida por Miquel Cortés Bofill, rector de la Universidad Rafael Landívar, quien fue electo por los rectores el 15 de julio. Su integración contempla 27 miembros: un presidente, 13 decanos de las universidades que cuentan con las facultades correspondientes y 13 representantes de los colegios profesionales.
El siguiente paso es particularmente importante porque la comisión no solo recibirá expedientes. Deberá definir el perfil, establecer cómo calificará a los aspirantes, determinar qué requisitos deberán cumplir y, finalmente, seleccionar mediante votación a los seis candidatos que pasarán al Congreso.
La primera decisión: las reglas del proceso
La primera etapa de trabajo será definir las reglas bajo las cuales se desarrollará la selección. El Congreso ha señalado que la comisión debe establecer los mecanismos, procedimientos y objetivos para seleccionar la nómina, bajo criterios de capacidad, especialidad, idoneidad, honradez y honorabilidad comprobada.
Esto significa que antes de conocer quiénes competirán por la Contraloría, los 27 comisionados tendrán que resolver cuestiones que pueden determinar el resultado final: qué se calificará, cuánto pesará cada mérito, cómo se comprobará la experiencia profesional y qué situaciones pueden impedir que un aspirante continúe en el proceso.
El presidente de la comisión, Miquel Cortés, ha planteado públicamente que el proceso debe desarrollarse con transparencia y que las sesiones sean públicas y grabadas. También ha señalado que el objetivo es buscar profesionales honorables, probos y competentes.
Por ahora, esas declaraciones constituyen una posición del presidente de la postuladora. Las reglas definitivas tendrán que ser aprobadas por el pleno de la comisión.
De 27 comisionados a seis candidatos
La estructura de la comisión también ayuda a entender dónde estarán las decisiones.
El órgano está compuesto por:
- Miquel Cortés Bofill, rector de la Universidad Rafael Landívar, quien preside la comisión.
- 13 decanos de las universidades que cuentan con las carreras contempladas por la convocatoria.
- 13 representantes de colegios profesionales: 11 del Colegio de Contadores Públicos y Auditores y dos del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas.
Los dos representantes del segundo colegio son Wilberto Julián Rojas y Juan Alexander Sac Oroxom, electos el 17 de julio.
Los 11 representantes del Colegio de Contadores Públicos y Auditores fueron el último bloque gremial necesario para completar la comisión. La elección de esos puestos se realizó el 6 de agosto, después de una contienda en la que participaron 121 candidatos agrupados en 11 planillas.
La composición es relevante porque para aprobar la nómina de candidatos la Constitución establece que se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los integrantes de la comisión.
Por eso, la discusión no terminará con la recepción de expedientes. La comisión deberá construir acuerdos suficientes para pasar de los aspirantes inscritos a una lista de seis nombres.
¿Qué debe pasar antes de conocer a los candidatos?
El proceso puede dividirse en varias decisiones consecutivas.
Primero, la comisión debe aprobar sus reglas de funcionamiento. Allí se establecerá cómo se desarrollarán las sesiones y cómo se tomarán las decisiones.
Después deberá definir el perfil de los aspirantes. El Congreso ya ha señalado que deben considerarse capacidad, especialidad, idoneidad, honradez y honorabilidad.
Luego deberá emitir la convocatoria para recibir expedientes. En esta etapa se conocerán formalmente los profesionales interesados en dirigir la Contraloría.
Después vendrá la revisión y calificación de los expedientes. La comisión deberá determinar quiénes cumplen los requisitos legales y cómo se valorarán sus méritos.
Finalmente llegará la integración de la nómina de seis. Esos seis profesionales serán trasladados al Congreso para que el Pleno elija al nuevo Contralor.
El propio Legislativo describe estas funciones como parte del mandato de la comisión: definir el perfil técnico, recibir expedientes, calificar méritos académicos y éticos y elaborar una lista de aspirantes elegibles con las mejores puntuaciones.
Las fechas que marcarán el proceso
El calendario tiene poco margen de maniobra.
| Fecha | Qué debe ocurrir |
|---|---|
| 2 de junio de 2026 | El Congreso convocó a integrar la Comisión de Postulación. |
| 15 de julio | Miquel Cortés fue electo presidente de la comisión. |
| 17 de julio | Fueron electos los dos representantes del CCEE. |
| 6 de agosto | Se eligieron los 11 representantes del Colegio de Contadores Públicos y Auditores. |
| 12 de agosto | Fecha prevista para completar la instalación y juramentación de la comisión. |
| 23 de septiembre | Fecha límite señalada por el Congreso para entregar la nómina de seis candidatos. |
| Antes del 13 de octubre | El Congreso debe elegir al nuevo Contralor. |
| 13 de octubre | Está prevista la toma de posesión del nuevo funcionario para el período 2026-2030. |
El Congreso ha establecido como fecha límite el 23 de septiembre para recibir la nómina de seis candidatos. El nuevo Contralor deberá ser electo antes de que finalice el período del actual titular, Frank Helmuth Bode Fuentes, cuyo mandato concluye en octubre.
El Congreso tendrá la última palabra
La Comisión de Postulación no elige al Contralor. Su función es reducir el universo de aspirantes hasta entregar al Congreso una nómina de seis candidatos. La decisión final corresponde al Pleno del Congreso de la República. Para elegir al jefe de la Contraloría se necesita el respaldo de 81 de los 160 diputados.
Esto significa que el proceso tendrá dos momentos distintos: primero, una selección técnica y colegiada dentro de la postuladora; después, una elección política en el Congreso.
La Constitución establece que el Contralor General debe ser mayor de 40 años, guatemalteco, contador público y auditor, de reconocida honorabilidad y prestigio profesional, estar en el goce de sus derechos ciudadanos, no tener juicio pendiente en materia de cuentas y haber ejercido la profesión durante al menos 10 años.
Son requisitos mínimos. La comisión deberá establecer cómo diferenciará entre los aspirantes que cumplen las condiciones legales y cuáles presentan los méritos suficientes para llegar a la nómina final.
Por qué esta elección importa más allá de la Contraloría
La elección del próximo Contralor ocurre además en un momento en que la institución tendrá una función relevante en el proceso electoral de 2027. La Contraloría General de Cuentas es responsable de emitir las constancias relacionadas con la inexistencia de reclamaciones de cargos —el llamado finiquito— que forman parte de los requisitos para determinados cargos públicos. La importancia de este documento adquiere una dimensión adicional ante las próximas elecciones generales.
Por eso, la selección del funcionario que dirigirá la institución entre 2026 y 2030 no se limita a quién administrará una entidad fiscalizadora.
También implica quién estará al frente de una institución con capacidad de revisar el uso de los recursos públicos y con una participación relevante en los controles que inciden sobre quienes buscan competir por cargos de elección popular.
Lo que IberoNews debe vigilar en las próximas semanas
El proceso entra ahora en una fase donde las decisiones de procedimiento pueden ser tan importantes como los nombres de los aspirantes. Las preguntas que deberán responderse conforme avance la postuladora son concretas: ¿qué perfil aprobarán?, ¿qué ponderación tendrá cada criterio?, ¿cómo se comprobará la honorabilidad?, ¿qué causales provocarán la exclusión de un expediente?, ¿cómo se resolverán las objeciones o impugnaciones?, ¿cuántos aspirantes serán admitidos?, ¿cómo se conformará la puntuación final? y, finalmente, ¿qué seis nombres conseguirán los votos necesarios para llegar al Congreso?
Hasta que esas reglas sean aprobadas, no es posible anticipar qué perfiles tendrán ventaja. Lo que sí está definido es el camino: una comisión de 27 integrantes deberá convertir un proceso abierto de postulaciones en una nómina de seis candidatos y trasladarla al Congreso antes de que termine septiembre. Después, serán los diputados quienes tendrán la última palabra sobre quién dirigirá la institución encargada de fiscalizar los recursos públicos durante los próximos cuatro años.