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Congreso extiende exención de impuestos a combustibles hasta junio de 2027

por Jenniffer Marroquín
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El Decreto 31-2026 prolonga por seis meses la suspensión del IVA y el impuesto a la distribución de petróleo para varios combustibles. La medida fue aprobada de urgencia nacional con 144 votos y mantiene el beneficio durante el primer semestre del próximo año.

El Congreso de la República aprobó ampliar hasta el 30 de junio de 2027 la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) para determinados combustibles.

La medida quedó establecida en el Decreto 31-2026, aprobado de urgencia nacional con 144 votos durante la sesión plenaria del 17 de noviembre. La normativa reforma el Decreto 22-2026, que establecía que el beneficio tributario finalizaría el 31 de diciembre de este año.

Con la modificación, la suspensión de los impuestos se extenderá durante los primeros seis meses de 2027. La exención comprende el IVA y el IDP para las gasolinas superior y regular, el diésel y el gas oil. Para el alcohol carburante se mantiene la exención del IVA.

El Congreso justificó la ampliación como una medida para reducir el impacto de las fluctuaciones internacionales en los precios de los hidrocarburos y evitar que esos costos se trasladen directamente a los consumidores.

Cuánto representan los impuestos por galón

Cuando se aprobó el Decreto 22-2026, el Congreso estimó que la exención del IVA representaba una reducción de Q4.71 por galón de gasolina superior, Q4.60 para la regular y Q5.04 para el diésel y gas oil.

A esos montos se suma la suspensión del IDP, cuyas tarifas ordinarias son de Q4.70 por galón para la gasolina superior, Q4.60 para la regular y Q1.30 para el diésel.

Estas cantidades corresponden a los impuestos que dejan de cobrarse durante la vigencia de la medida. No representan necesariamente una reducción equivalente en el precio de venta, ya que el efecto final depende del traslado íntegro del beneficio al consumidor.

La legislación original estableció que las exenciones deben reflejarse en el precio final y que las facturas electrónicas deben identificar el beneficio tributario por galón despachado.

El costo fiscal de la ampliación

La extensión también prolonga el período durante el cual el Estado dejará de percibir ingresos por IVA e IDP sobre los combustibles incluidos en la normativa.

Cuando se aprobó el decreto original, el Diario de Centro América reportó una estimación de sacrificio fiscal de Q3,318.4 millones, distribuida entre Q1,986.2 millones por IVA y Q1,332.2 millones por IDP. Esa proyección correspondía a la exención inicialmente aprobada, no a los seis meses adicionales de 2027.

Hasta ahora, el anuncio legislativo sobre el Decreto 31-2026 no detalla cuánto dejará de recaudar el Estado por la ampliación. Tampoco presenta una nueva estimación del impacto sobre los ingresos tributarios del próximo año.

La cifra será relevante para establecer si el Ministerio de Finanzas Públicas deberá ajustar sus previsiones de recaudación y cómo se reflejará la medida en las cuentas fiscales de 2027.

Instituciones deben supervisar el traslado del beneficio

El Decreto 22-2026 asignó al Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) la supervisión de la aplicación de las exenciones.

Los expendedores deben reportar diariamente sus precios de venta al MEM para su publicación. Además, la Diaco puede aplicar sanciones a quienes no trasladen al consumidor final la rebaja correspondiente.

La ampliación mantiene vigente este esquema de control, por lo que será necesario conocer los resultados de las verificaciones realizadas desde octubre, cuando comenzó a aplicarse la exención original.

El Decreto 31-2026 establece que el beneficio continuará hasta el 30 de junio de 2027. A partir del 1 de julio, los combustibles incluidos deberán volver al régimen tributario ordinario, salvo que se apruebe otra modificación legal.

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