POR GRETTA HERNÁNDEZ
IberoNews.- Ese mismo guerrillero que luchó contra un dictador 40 años atrás, ahora es percibido como una figura represora, corrupta y violenta de un país cuya democracia viene desmoronándose. La salida, tanto adentro como afuera, se observa cada vez más difícil para Nicaragua.
A partir de que Daniel Ortega asumió el cargo en 2006 se han minado los poderes judiciales y políticos, así como limitado los apoyos financieros a las universidades. Los medios de comunicación que no se alinearon cerraron sus redacciones para operar en la sombra. Los opositores son arrestados y encarcelados sin juicio de por medio.
Según cifras de la Corte Internacional de Derechos Humanos, la violenta represión de los movimientos sociales de 2018 generó la muerte de 328 personas, así como más de 2,000 heridos y más de 1,600 detenciones.
Hacer el recuento de las graves faltas del régimen autoritario del binomio Ortega-Murillo, convoca decenas de páginas. Los puntos finales a los textos nunca llegan. Las noticias en los periódicos sobre represión y persecución se acumulan día con día, al igual que las declaratorias de los organismos internacionales. Los focos rojos no bajan la intensidad.
Peticiones de refugio registradas
Sibylla Brodzinsky, vocera regional de ACNUR para Centroamérica y México, señala que las protestas del 2018 generaron un flujo de refugiados hacia Costa Rica que se había mantenido, pero entre junio y febrero se duplicó: hay más de 150,000 nicaragüenses solicitando refugio.
A pesar de que el gobierno de Costa Rica tiene una postura generosa para la migración nicaragüense, las redes de apoyo se van saturando y cada vez es más difícil establecerse. En la pandemia por COVID-19, explica Brodzinsky, mermaron las condiciones económicas de los refugiados.
Los perfiles de solicitantes abarcan distintos perfiles: académicos, estudiantes universitarios, campesinos, obreros. En su mayoría, explica la vocera, son individuos que dejan a sus familias y huyen buscando cobijo. ACNUR y el gobierno costarricense tienen programas de integración para el trabajo y emprendimiento. El sector privado en Costa Rica ha sido muy importante para ofrecer trabajo a los refugiados, puntualiza la vocera de la organización.
El número de personas de Nicaragua que buscan protección en Costa Rica supera el total de refugiados y solicitantes de asilo que hubo en la década de 1980 con las guerras civiles centroamericanas. Desde aquellas fechas Costa Rica se convirtió en un santuario para quienes huían de la violencia.
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Migración que se desborda
Para ACNUR resulta preocupante que esta tendencia pueda llegar a socavar el sistema de asilo costarricense y sobrepase las redes de apoyo en el país.
El alto flujo de llegadas ha excedido la capacidad del gobierno de recibir y procesar casos, causando retrasos en la entrega de documentos y permisos de trabajo para las personas solicitantes.
En noviembre de 2021, más de 32,000 solicitudes de asilo estaban pendientes de resolución. Esto ha impedido que las personas se integren plenamente en el mercado laboral y satisfagan sus necesidades básicas.
La oposición nicaragüense
“Ariel”, politólogo nicaragüense, que prefiere el uso de un seudónimo por miedo a ser encarcelado, afirma que el peso político está desequilibrado, puesto que las fuerzas contrarias que pudieran ejercer un revés en las decisiones del Estado han sido encarceladas o están fuera del país.
“En 2018 se aniquiló la oposición”, afirma Ariel. El Consejo Supremo Electoral está tomado por el Ejecutivo, ellos dictan las reglas, la logística, supervisan la elección del voto y hacen el conteo. Además, desde 2021 se han quitado las personalidades jurídicas a los partidos para acabar con la oposición.
Quienes lograr levantar la voz lo tienen que hacer desde el exilio. Tal es el caso de Kity Monterrey, ex presidenta del clausurado partido nicaragüense Ciudadanos por la Libertad (CxL), quien se encuentra en Costa Rica.
Los partidos obedecen a movimientos “meramente electoreros”, enfatiza Ariel. Los defensores de derechos humanos son, digamos, las fuerzas opositoras que también operan desde afuera porque en Nicaragua están eliminando las ONG y se les están confiscando sus bienes. El otro bloque opositor son los periodistas, que desde Estados Unidos y Costa Rica realizan su labor.
Sin contrapesos reales
La oposición está muy dispersa y no tiene una estrategia conjunta. El problema es que, si dentro del país se organizan de manera clandestina, es muy probable que los vecinos los denuncien e inmediatamente acuda la policía antimotín para disolver e infundir miedo.
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La sociedad también ha sido dividida. Si tú le llegas a la gente con llamados a la democracia, nadie te va a escuchar, porque lo que la gente quiere es comer, es tener agua, servicios de sanidad e infraestructura.
Los partidos políticos necesitan crear un discurso que se apropie de las necesidades de los ciudadanos. “En mi país hay muchas personas que nunca han sentido los ideales de la democracia. Somos el país más pobre de CA”.
Entonces, ¿cómo apelar a que la sociedad se una a la rebelión? No tienen una razón por qué luchar. De tal suerte que un llamado a la democracia es casi una burla. El otro problema es que quienes han dado la cara y se han enfrentado al régimen han sido encarcelados.
Refugiada en México
“¿Dónde trabajas? ¿Dónde está la oficina? ¿Qué haces allí? ¿Por qué vas a Costa Rica? Las preguntas se repiten una y otra vez. La policía de la aduana nicaragüense quería hacerme caer en inconsistencias. Encerrada en una oficina, me pidieron el pasaporte y se lo llevaron para corroborar que no estuviera en la lista de ‘los enemigos del gobierno’”.
“Patricia”, politóloga de 46 años, es el seudónimo elegido para proteger su identidad. Salió de Nicaragua hace 4 meses y se encuentra en la Ciudad de México tramitando la condición de refugiada. Patricia, rememora: “no puedo decirte quién ni cómo lo supe, pero ya me habían dicho que, debido a mi trabajo en derechos humanos, era una perseguida política del régimen de Daniel Ortega. En cualquier momento podrían llegar a mi casa y aprenderme”.
Antes de la crisis de 2018, menciona Patricia, tenía una casa, un trabajo estable, tenía amistades. Después todo cambió. Nicaragua no volvió a ser la misma: “el tejido social se deshizo. Anteriormente podías tener una voz opositora, ser disidente, trabajar en derechos humanos y, aun así, teníamos niveles de convivencia y cohesión en las comunidades”.
Antes de salirse, recuerda la también maestra, no podía ni siquiera escuchar música que no fuera la que alababa al régimen porque ya llegaba la policía y cateaba la casa.
Sólo el 25% de la población está a favor de Ortega, remarca la politóloga. Ese porcentaje está fanatizado. Creen que lo que se vive ahora es la segunda ola de la revolución de los 80. Son antiguos revolucionarios y militantes con una edad de más de 50 años, que se quedaron anclados en el sueño revolucionario y que piensan que, apoyar al presidente, es un deber de la revolución.
“Pero es mentira. Lo que sucede ahora es un proyecto dinástico familiar y dictatorial, que no tiene nada de izquierda y que ha hecho alianza con los empresarios y con los sectores más conservadores de la iglesia católica para mantenerse en el poder”.
México es un país que tiene maneras más flexibles para recibir a los refugiados. Los procesos son engorrosos y burocráticos, pero menos lentos que en otros países. En Costa Rica el proceso para los refugiados está colapsado por la cantidad de solicitudes.
“Sin embargo, así como los norteamericanos miran con discriminación a los mexicanos, así los mexicanos miran a los centroamericanos. Aunque no es tan visible como sucede en Costa Rica, donde estás mas estigmatizado por ser nicaragüense y hay más xenofobia. En México me siento bien recibida”.
El dolor de dejarlo todo
Patricia alquila un departamento en la Ciudad de México. Para ella, la única manera de seguir ayudando a quienes se quedaron allá es estando fuera del país.
“Es la ‘cubanización’ del modelo de represión. Yo nací en una familia de izquierda, crecí en una familia de izquierda, pero esto que se vive ahora no es de izquierdas. Es un régimen represivo”.
Y añade Patricia: “necesitamos crear una unidad que haga presión en la comunidad internacional y que mantenga a Nicaragua en la agenda política y en la búsqueda de la justicia”.
En cuando a la postura de Andrés Manuel López Obrador de no sancionar a Nicaragua cuando esta aún formaba parte de la OEA, Patricia termina diciendo: “nuestros presos políticos se van a morir de hambre y de tortura si la comunidad latinoamericana no actúa”.
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