Guatemala tiene una agenda de cambios legales e institucionales pendiente para avanzar en la implementación del Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos. El sector empresarial identifica 20 leyes que requerirían reformas, cinco nuevas normativas y cinco tratados internacionales por aprobar, mientras el Gobierno da seguimiento a un conjunto más amplio de compromisos relacionados con el comercio bilateral.
Las cifras fueron expuestas el 28 de octubre durante una reunión de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso, en la que representantes de la Comisión Empresarial de Negociaciones y Comercio Internacional (Cencit) plantearon la necesidad de coordinar con los diputados las medidas legislativas que requiere la implementación del acuerdo. La comisión legislativa informó que el proceso comprende 145 acciones.
La diferencia entre ambos recuentos es importante. Las 20 leyes, las cinco nuevas normativas y los cinco tratados corresponden al inventario planteado por el sector empresarial, mientras que las 145 acciones abarcan compromisos de distinta naturaleza, incluidos los que requieren intervención del Congreso y los que dependen de instituciones del Ejecutivo.
Para establecer el estado real de cumplimiento, el Ministerio de Economía debe precisar cuáles medidas ya se completaron, cuáles están en proceso y cuáles siguen pendientes, además de identificar a las entidades responsables y las fechas límite aplicables.
Las reformas que podrían llegar al Congreso
Entre las normas mencionadas por el sector empresarial figuran el Código de Salud, la Ley de Propiedad Industrial y la Ley de Simplificación de Trámites. También se planteó la necesidad de impulsar una ley de protección de datos personales y avanzar en la aprobación del Protocolo de Madrid, relacionado con el registro internacional de marcas.
Sin embargo, identificar una norma como susceptible de reforma no significa que ya exista una iniciativa presentada, que el Congreso haya aprobado cambios o que todas las modificaciones tengan el mismo nivel de urgencia. Cada caso requiere establecer qué disposición debe modificarse, cuál institución preparará la propuesta y qué procedimiento legislativo corresponde.
La Cencit solicitó establecer una mesa técnica con diputados y asesores de la Comisión de Economía y Comercio Exterior para revisar los compromisos y preparar las iniciativas necesarias. El trabajo legislativo deberá coordinarse con las instituciones que tienen a su cargo la ejecución de las medidas.
El inventario también debe distinguir entre reformas expresamente contempladas en los compromisos del acuerdo y propuestas que el sector privado considera necesarias para facilitar el comercio o mejorar la competitividad. Ambas pueden formar parte de la agenda económica, pero no tienen necesariamente el mismo origen ni la misma obligación jurídica.
El calendario de cumplimiento es una pieza central
La cantidad de acciones pendientes no permite determinar, por sí sola, cuánto ha avanzado Guatemala ni qué medidas podrían retrasarse. Para medir el cumplimiento se necesita un calendario oficial que indique el responsable de cada compromiso, el cambio legal o administrativo requerido, la fecha límite y la evidencia que permitirá darlo por concluido.
La información también debe identificar cuáles acciones dependen del Ejecutivo, cuáles requieren aprobación legislativa y cuáles exigen coordinación entre varias instituciones. En estos últimos casos, la falta de una entidad responsable o de un plazo verificable puede dificultar el seguimiento.
El Ministerio de Economía ha informado previamente que el acuerdo incluye compromisos relacionados con la facilitación del comercio, la simplificación de trámites, la eliminación de duplicidades regulatorias, las cadenas de suministro y el comercio digital. El Ministerio explicó el alcance del acuerdo y su fase de implementación en febrero de 2026.
La agenda, por tanto, no se limita a aprobar leyes. También comprende cambios administrativos y procedimientos cuya ejecución corresponde a las instituciones responsables.
El acceso arancelario no depende de una sola medida
El cumplimiento del acuerdo tiene implicaciones para las empresas que exportan a Estados Unidos, pero es necesario diferenciar los compromisos legales de las condiciones arancelarias que se aplican actualmente.
En febrero, el Ministerio de Economía informó que el 72.4 % de las exportaciones guatemaltecas hacia Estados Unidos mantenía arancel cero tras la reducción del arancel general aplicado por ese país. Durante la audiencia del 28 de octubre, representantes empresariales hablaron de aproximadamente el 75 % de la oferta exportable con acceso preferencial a tasa cero y advirtieron que algunos productos agrícolas continúan sujetos a un arancel del 10 %.
Las cifras corresponden a comunicaciones de fechas distintas y deben compararse con cuidado, pues pueden utilizar bases de cálculo diferentes. Además, parte del tratamiento arancelario favorable proviene de decisiones estadounidenses que no dependen exclusivamente del acuerdo bilateral y que podrían modificarse.
Para las empresas exportadoras, la implementación también comprende aspectos sanitarios, técnicos y administrativos que inciden en los tiempos y costos para colocar productos en el mercado estadounidense. La reforma de una ley puede ser necesaria para cumplir un compromiso, pero su efecto comercial dependerá de la medida concreta y de su aplicación.
Qué debe aclarar el Ministerio de Economía
La siguiente etapa de seguimiento requiere un inventario oficial que permita contrastar el recuento empresarial con los compromisos registrados por el Gobierno. El documento debería incluir, como mínimo, la medida, la institución responsable, el fundamento dentro del acuerdo, el cambio normativo o administrativo, el plazo, el estado de avance y el efecto esperado sobre el comercio.
También es necesario establecer cuáles de las reformas identificadas ya tienen iniciativas legislativas, cuáles están en preparación y cuáles todavía no cuentan con una propuesta formal. En el caso de los tratados internacionales, debe precisarse su nombre, el procedimiento pendiente y la institución encargada de impulsarlo.
El Ministerio de Economía es la entidad clave para responder estas preguntas y aclarar cómo se relacionan las 145 acciones con las medidas legales señaladas por el sector privado. La mesa técnica propuesta en el Congreso podría servir para ordenar el trabajo legislativo, siempre que se apoye en un calendario verificable y responsabilidades definidas.
La implementación del acuerdo comercial exige distinguir entre compromisos oficiales, avances administrativos y recomendaciones empresariales. Esa separación permitirá conocer qué obligaciones tiene Guatemala, qué medidas siguen pendientes y cuáles podrían incidir en las condiciones de acceso de sus productos al mercado estadounidense.