POR ARTURO RODRÍGUEZ
IberoNews.- “Yani, estamos firmes”, es parte de lo que se escucha decir en un video en el que diputados mandan un mensaje a Yani Rosenthal, presidente del Partido Liberal, señalado de ser uno de los poderes fácticos de mayor riesgo para el gobierno de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
Lo anterior, debido a que el video, que se hizo viral en redes sociales, no sólo hizo evidente la fractura que existe en la clase política de Honduras ─se trata de legisladores expulsados del Partido Libre─, sino que también dejó ver, de acuerdo con líderes políticos y sociales, la manera en que personajes como Yani Rosenthal, excandidato a la presidencia y exconvicto señalado por lavado de dinero por autoridades de Estados Unidos, tejen relaciones de poder que los mantienen vigentes.
“Mel (Zelaya) y Yani son amigos. Yani sabe que, controlando la CSJ (Corte Suprema de Justicia), volverá a recuperar el poder y todo lo que le embargó el Estado. Yani, Mel y JOH son lo mismo”, señaló en Twitter la reconocida jueza Grace Marié, después de darse a conocer dicho video.
Los intereses detrás de la desestabilización
La crisis que vive el sistema político de Honduras no se puede explicar, a decir de Luis Zelaya, exprecandidato a la presidencia de ese país, sin entender la problemática de fondo.
Y es que, si bien dicho conflicto no se expresó en el proceso electoral ante la clara inclinación de la ciudadanía por el cambio que representa Xiomara Castro, grupos de interés trasladaron al proceso poselectoral su estrategia de “desestabilización”.
“Esta claro que lo que está pasando no es una lucha entre partidos; es una lucha de grupos de poder, narcotráfico y de quienes han gobernado por años y necesitan un manto de impunidad, algunos localmente y otros para evadir la justicia norteamericana”, comenta Luis Zelaya.
Y es más específico: “El poder político de personajes como Yani Rosenthal obedece a intereses económicos en el país, por eso la importancia de mantener influencia en los magistrados encargados de la justicia”.
Con esto concuerda Gabriela Amador, directora Ejecutiva de Pro Honduras Network. Para ella, lo que sucede más allá de una crisis política, “es una lucha del crimen organizado por su interés en mantener la hegemonía en el país, a través del control de otros poderes del Estado, que en este caso son el Poder Legislativo y el Judicial”.
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Lo que se estaría buscando al agitar la política en el país centroamericano, considera la directiva de Pro Honduras Network, es presionar para obligar a establecer acuerdos que les permitan a estos grupos y personajes que son investigados, incidir en dos años más en las elecciones para elegir al Fiscal General y a los magistrados de la Corte Suprema.
“Hay transcripciones de la justicia donde se demuestra que personajes como Yani Rosenthal se reunieron en el pasado varias veces con diputados que apoyaban sus intereses, impulsando de esta forma al candidato que grupos criminales querían posicionar en ese momento”.
Agenda de gobierno en riesgo
Son varios los temas que forman parte de la agenda nacional de Honduras en los que el gobierno de Xiomara Casto deberá mostrar avances rápidos para dar certidumbre de rumbo, de acuerdo con Gabriela Amador. Entre ellos:
-La lucha contra los altos índices de pobreza (50% de la población vive en pobreza extrema).
-La migración desbordada, un tema de alto interés para el gobierno de Estados Unidos que ha llevado a la vicepresidenta de ese país, Kamala Harris, a entablar un diálogo rápido con el nuevo gobierno de Honduras.
-El mal manejo de la pandemia Covid-19 de parte del gobierno anterior.
-La modernización del sector educativo, que fue abandonado por administraciones pasadas.
-La lucha frontal contra la criminalidad, que genera altos índices de violencia.
“Para avanzar en todos estos temas es crucial ─señala Gabriela Amador─, no permitir que la influencia del narco-Estado se mantenga, sería un golpe para el país. El pueblo espera que el nuevo gobierno haga justicia, y quienes han utilizado el poder para delinquir o para llevar a cabo acciones corruptas pasen por el adecuado proceso judicial”.
El impacto en la certidumbre económica
Lo que empezó como una fisura interna de partidos, hoy también ha generado incertidumbre económica, que se suma al alto desempleo que vive el país.
“Y si a la presidenta no la dejan gobernar, como todo indica está sucediendo, y la atosigan con conflictos y esa situación crece, podríamos ver escenarios económicos nada deseables”, dice Thelma Mejía, reconocida periodista e investigadora.
Aunque Thelma Mejía descarta que se realice una Asamblea Constituyente como algunos han propuesto, lo que implicaría la desaparición de poderes, sí advierte que, de no tener lugar un proceso de negociación política, podría acelerarse el impacto del conflicto en diferentes rubros, como ya sucede en el económico.
Con esto coincide Rafael Medina, director Ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, quien recuerda que “diversas instituciones y países amigos hemos insistido en asegurar que los grupos en el Congreso se sienten y den garantías de gobernabilidad”.
El representante de esta organización empresarial, asegura que “hay empresarios que esperamos transformaciones profundas, un combate frontal a la impunidad y a la corrupción, y que creemos que no deben existir negociaciones ‘bajo la mesa’ con ningún grupo económico o partido político que vaya en contra de la transformación por la que se votó”.
La prueba de fuego
Durante el pasado proceso electoral, la entonces candidata Xiomara Castro propuso pedir ayuda a un órgano independiente e internacional para investigar posibles casos de corrupción. De concretarse esta propuesta, sería una gran muestra de que el gobierno entrante realmente desea avanzar en el ámbito de la justicia, coinciden los entrevistados.
“El país debe ir hacia otra dirección. Yo no voté por Xiomará Castro, pero es momento de cerrar filas, de no permitir que personajes como Yani Rosenthal, que tiene demandado al Estado por más de 1,000 millones de dólares y que ha utilizado de manera ilegal su influencia para buscar beneficiarse en diversos juicios, como el que tiene en contra de una cementera, en San Pedro Sula, sean un impedimento para la transformación que este país requiere”, concluye el exprecandidato Luis Zelaya.
Sobre el caso de la cementera que menciona el exprecandidato, la empresa afectada, denunció recientemente que el Juez José Francisco Ewens, de manera ilegal, aprobó que se le otorgara a Inversiones Bicon (controlada por la familia Rosenthal) 670 millones de lempiras, equivalente a casi 28 millones de dólares, “poniendo de esta forma en evidencia la falta de certeza jurídica y lo amañada que está la justicia en el país por intereses particulares”.
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