El Decreto 27-2026 contempla un crédito contra el ISR de hasta el 35% del impuesto determinado y devoluciones de hasta el 30% de la inversión para productores guatemaltecos. FUNDESA advierte que la normativa no establece un límite global anual para estos incentivos y señala el riesgo de que un mismo gasto genere más de un beneficio.
La Ley de Cine de Guatemala establece incentivos tributarios para atraer producciones nacionales e internacionales, pero su diseño deja pendiente definir cuánto podrían representar esos beneficios para las finanzas públicas.
El Decreto 27-2026, aprobado por el Congreso el 10 de noviembre, contempla créditos contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR), devoluciones parciales de inversión y un fondo público para financiar proyectos cinematográficos. La normativa también crea el Instituto Guatemalteco de Cine, encargado de impulsar y coordinar el desarrollo de la industria.
En un análisis sobre la legislación, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) advierte que los créditos y las devoluciones no tienen un límite global anual. Por tanto, el costo fiscal dependerá de la cantidad de proyectos que soliciten los beneficios y de los montos que sean autorizados, sin un techo agregado establecido en la ley.
Los incentivos que contempla la normativa
Los artículos 28 al 31 establecen distintos mecanismos tributarios para inversionistas y productores.
El artículo 28 permite a contribuyentes residentes en Guatemala acreditar contra el ISR el aporte financiero directo que realicen a proyectos cinematográficos nacionales certificados. El crédito puede alcanzar hasta el equivalente al 35% del impuesto determinado a pagar en el ejercicio fiscal correspondiente.
Para los productores guatemaltecos residentes que sean contribuyentes del ISR, el artículo 29 contempla una devolución de hasta el 30% de la inversión realizada en proyectos cinematográficos certificados.
En el caso de productores internacionales que no sean residentes ni contribuyentes del ISR en Guatemala, el artículo 31 establece una devolución de hasta el 20% de la inversión.
Estos porcentajes representan límites individuales establecidos para cada mecanismo, pero no un monto máximo anual para el conjunto de beneficios que podría reconocer el Estado.
La legislación también crea el Fondo de Fomento del Cine. Según el artículo 26, este podrá financiar parcialmente hasta el 50% de proyectos de desarrollo, producción, postproducción, distribución, comercialización, formación e investigación cinematográfica, entre otras actividades.
A diferencia de los incentivos tributarios, el fondo está sujeto a la disponibilidad de recursos y a convocatorias públicas. Los desembolsos se realizarán por etapas y conforme al cumplimiento de los compromisos establecidos.
FUNDESA advierte sobre la acumulación de beneficios
Otra de las observaciones de FUNDESA se refiere a la posibilidad de que un mismo proyecto acumule distintos incentivos fiscales.
El análisis señala que la normativa no prohíbe expresamente que el contribuyente que aporta recursos a una producción utilice el crédito contra el ISR y que, al mismo tiempo, el productor solicite la devolución de una parte de la inversión.
La preocupación es que un mismo gasto pueda servir como base para dos beneficios diferentes, lo que incrementaría el costo fiscal del apoyo a la industria cinematográfica.
La ley sí establece requisitos para acceder a los incentivos. Entre ellos figuran la inscripción en el Registro Cinematográfico Guatemalteco, la certificación técnica y financiera del proyecto y la ejecución de los recursos en territorio nacional, además de una participación creativa o técnica guatemalteca mínima del 20%.
También asigna a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) la verificación de la correcta aplicación de los créditos fiscales. Si detecta falsedad, simulación, incumplimientos o uso indebido de los beneficios, podrá revocarlos y exigir el pago de los impuestos correspondientes, además de intereses, multas y sanciones.
Sin embargo, FUNDESA considera que la fiscalización posterior no sustituye la necesidad de establecer controles para evitar que un mismo gasto genere beneficios simultáneos.
El costo para el Estado todavía debe cuantificarse
El análisis también plantea interrogantes sobre el financiamiento inicial del Instituto Guatemalteco de Cine y la asignación de recursos públicos para poner en marcha la nueva institucionalidad.
Entre sus recomendaciones, FUNDESA propone establecer límites anuales al costo fiscal de los créditos y devoluciones mediante la Ley del Presupuesto, así como publicar información sobre el gasto tributario efectivo, los beneficiarios y los montos concedidos.
La fundación también plantea prohibir expresamente que un mismo gasto genere simultáneamente el crédito fiscal y la devolución al productor, publicar las certificaciones de los proyectos y realizar evaluaciones independientes cada tres años para comparar la inversión y el empleo generados con el costo de los incentivos.
La Ley de Cine abre mecanismos para atraer capital y desarrollar la producción audiovisual guatemalteca. Sin embargo, el costo que estos beneficios representarán para el Estado dependerá de la cantidad de proyectos aprobados, la inversión reconocida y los controles que se establezcan para su aplicación.
El reglamento de la normativa deberá emitirse mediante Acuerdo Gubernativo dentro del plazo previsto por el decreto, contado a partir de la conformación del Consejo Nacional de Cinematografía.