OPINIÓN / ABELARDO MEDINA BERMEJO *
IberoNews.- Algunas administraciones tributarias de Centroamérica han iniciado la importante e impostergable tarea de reducir el coste del cumplimiento tributario. El propósito es que los contribuyentes, que efectivamente cumplen con sus obligaciones, no encuentren al cumplirlas, una desmotivación adicional al esfuerzo que significa la erogación de recursos monetarios para contribuir con el mantenimiento del Estado.
Este tema ha ocupado la atención de muchos especialistas tributarios, de los propios funcionarios de las administraciones hacendarias y, por supuesto, del público en general. Esto porque, en la práctica, la legislación tributaria, o los mecanismos de pago o supervisión pueden resultar tan complicados que los contribuyentes prefieren incumplir, a la espera de que, si la administración tributaria los descubre, entonces pagan las sanciones establecidas, y si no, ocupan una función de free rider en la sociedad.
El costo tributario
En términos generales, el costo tributario total de un país equivale a la suma de la recaudación efectiva en términos de unidades monetarias que ingresaron a las arcas fiscales, más el costo social de cumplimiento tributario. La recaudación efectiva que recibe el Estado es lo que le resulta de utilidad para cubrir los gastos asociados a su funcionamiento, sin embargo, el valor que cubren los contribuyentes en el proceso de cumplimiento tributario, no es solo el monto efectivamente pagado, sino también todos los gastos derivados del proceso de inscripción, registro de las transacciones, pago y posterior supervisión del cumplimiento.
Lo anterior deja claro que el monto que causa utilidad al Estado por la tributación, es menor que el sacrificio que deben hacer los contribuyentes. De allí que, si el costo social de cumplimiento es muy alto, las distorsiones y efectos negativos a la sociedad producirán que la población haga todo lo posible por no cumplirlas, siguiendo un proceso lógico de maximización de bienestar. Así, existe una contraposición de utilidad social y utilidad individual, en el que el pago de tributos se esperaría que produjera, al utilizar apropiadamente los recursos, un aumento del bienestar social. Sin embargo, si el pago efectivo y el costo de pagar los impuestos es tan alto, la maximización del bienestar del individuo lo motivará a pagar menos impuestos.
La tarea de la autoridades tributarias
Por ello, la tarea de las autoridades hacendarias de un país debe ser reducir el costo social de cumplimiento, de tal forma que al contribuyente le impliquen pocos esfuerzos monetarios el pago de los impuestos. Ahora bien, si el costo social de cumplimiento tributario implica todos los esfuerzos desde el momento de la inscripción hasta el momento de la supervisión por parte de las administraciones tributarias, no significa necesariamente que los procesos de simplificación impliquen una mejora inmediata o total en el cumplimiento tributario, pero sí una ayuda en el proceso.
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Los primeros costos que enfrenta un contribuyente son los relacionados con la inscripción ante las autoridades tributarias, las que deben crear los mejores métodos posibles para que al contribuyente le resulte realmente fácil su incorporación a los registros fiscales, bajo la condición de que ninguna persona quiere inscribirse porque lo desee, sino porque es una obligación. Aquí, la incorporación de tecnología en el proceso es fundamental, sin embargo, las administraciones deben recordar, especialmente para países en donde el nivel educativo es bajo, como Guatemala con varios idiomas originarios, que el colocar una plantilla en un portal Web que deben llenar todos los contribuyentes no es suficiente, sobre todo cuando llenarla necesita cierto conocimiento mínimo o interpretación tecnológica que mucha gente no dispone, y no hay asistencia inmediata para la atención de las dudas del contribuyente.
Este tema resulta relevante para las personas adultas, particularmente de la tercera edad, para quienes la idea actual de solicitar videos o llenar formularios muy complejos, simplemente provoca que la persona decida no inscribirse o tenga que contratar tramitadores, contadores o abogados para el proceso, elevando el costo de cumplir, y con ello, efectos no deseados.
Tecnología para el cumplimiento tributario
La tecnología debe ser una aliada para las administraciones tributarias, pero los diseñadores de estas estrategias deben funcionar como amigos del contribuyente. Es decir, aunque es una obligación ciudadana, se debe procurar que el proceso no sea traumático, especialmente cuando la propia debilidad de las entidades recaudatorias impide el control de todas las personas, si estas no se acercan a inscribirse por su propia voluntad.
Ahora bien, partir del supuesto que solo simplificando los procedimientos para la inscripción eliminará la informalidad económica en la región, es un sueño. Datos de la Organización Internacional del Trabajo y de la Cepal muestran que el nivel de informalidad en cada uno de los países centroamericanos se ha mantenido relativamente constante en los últimos tiempos: en alrededor del 40.0% para Costa Rica, 69.0% para El Salvador, 80.0% para Honduras y 82.0% para Guatemala, mientras que, para Panamá, incluso ha sido creciente en la última década, hasta ubicarse en cerca del 53.0% de la población económicamente activa. Nicaragua no reporta una medición constante, pero la disponible ubicó la informalidad en alrededor del 82.0%.
Sobre la informalidad y el cumplimiento tributario
El problema real de la informalidad es que una parte de la población se mantiene al margen del cumplimiento, por lo dificultoso que es inscribirse. Pero, también, hay mucha economía de subsistencia y un buen porcentaje de economía subterránea, ambas sin interés de inscribirse ante la entidad administradora de impuestos.
Para el proceso de inscripción, no es suficiente facilitar o automatizar los mecanismos. También debe existir un amplio proceso de replanteamiento de la legislación para evitar los trámites engorrosos que implica la incorporación al pago tributario y, especialmente para la economía de subsistencia, como lo hacen otros países, se recomienda complementarla con otorgar beneficios públicos, como, por ejemplo, la adhesión a los sistemas de seguridad social. Para la economía subterránea, el único camino disponible es el fortalecimiento de la capacidad coercitiva del recaudador.
Para el resto de procesos vinculados al cumplimiento tributario, esto es, el registro de las transacciones, pago y supervisión, también la tecnología puede ser de mucha utilidad. Pero los administradores tributarios deben buscar mecanismos que simplifiquen el procedimiento para el contribuyente, sin que ello implique pérdida en la calidad de los datos y en el cumplimiento tributario.
*Abelardo Medina Bermejo es economista sénior, encargado del área de análisis macrofiscal del Icefi.
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